El Consell no protege a los consumidores

El artículo 51 de la Constitución Española impone a los poderes públicos la obligación de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios mediante procedimientos eficaces. El organismo público que se encarga de estos asuntos es la Junta Arbitral de Consumo, dependiente de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación que dirige Vicente Rambla.

Aunque mucha gente lo ignora, cualquier persona puede acudir allí a presentar sus quejas y obtener una resolución imparcial. Lo único que necesita el ciudadano es que la empresa contra la que quiere reclamar sea una de las 14.000 que está adherida al Sistema Arbitral de Consumo.

Quejas sobre telefonía móvil, promesas incumplidas o fraudulentas en servicios turísticos o el deterioro de un traje en la tintorería pueden ser dirimidas con valor de sentencia judicial por este organismo. Es más, la Junta Arbitral de Consumo fue la que se encargó de gestionar las casi 2.000 reclamaciones surgidas contra Valmor a tenor de la organización del primer Gran Permio de Fórmula 1 celebrado en Valencia en verano de 2008.

Es posible que esa misma sea la causa de que se esté dejando languidecer hasta morir a un organismo de estas características. La Junta arbitral en la Comunidad Valenciana ha sido pionera en España. De hecho, desde 2006 ha triplicado el número de reclamaciones tramitadas (ahora roza las 4.000 anuales) y sigue contando con el mismo número de funcionarios que cuando nació (unos 14). Según me cuentan, todo apunta a que la plantilla, lejos de aumentar, se verá mermada a corto plazo.

¿Quién va a proteger entonces a los consumidores valencianos? Me consta que la labor de este organismo ha sido intachable desde su creación. Ahora, sin embargo, están desbordados. Los casos de menor cuantía empiezan a dejar de atenderse dado alto volumen de trabajo y la escasez de personal.

En momentos de crisis, donde las reclamaciones se multiplican, el Consell no debe reparar en gastos a la hora de proteger el dinero de los ciudadanos de a pie que presentan una queja porque sienten que han perdido (o les han estafado) 20, 100 o 200 euros. Los consumidores somos todos, y las instituciones que los defienden deben ser protegidas y apoyadas como los centros de salud, los colegios o las dependencias judiciales. ¿O es que tenemos que pensar que sentó mal a alguien que la Junta hiciera su trabajo gestionando y haciendo pagar a Valmor por las reclamaciones del Gran Premio de la Fórmula 1?

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