Sociedad Civil y Justicia

El pasado 14 de Mayo la M.I ACADEMIA DE CIENCIAS TECNOLOGÍAS Y HUMANIDADES organizó una conferencia que impartió Pedro Viguer Soler en su condición de Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Valencia. A lo largo de la misma  insistió en poner de relieve la precariedad en que se encuentra el sistema judicial español y en concreto el estado de los juzgados y tribunales valencianos. Profundizando en la cuestión tres aspectos son los más destacables del discurso que allí  sostuvo.

 El primero atañe a la falta de autonomía financiera que padece el Poder Judicial, siendo esta la principal causa a nuestro parecer de su efectiva falta de autonomía real frente a los otros dos Poderes del Estado. Así no se puede explicar como las Cortes gozan y gestionan de su propio presupuesto, mientras que el gasto que se destina a la Justicia, mas allá del debate de la cantidad no exento de importancia, esta sujeto a las políticas que se ejecuten tanto desde el Gobierno Central como de los Gobiernos Autonómicos, debido a la interpretación extensiva que en su día hizo el Constitucional acerca de la exclusividad en materia competencial.

El segundo se vincula a la forma de elección de los miembros de CGPJ. La ley orgánica del 85 que fue promulgada bajo la sombra de la famosa sentencia que Alfonso Guerra dio en su día  “Nos hemos cargado a Montesquieu ” y con ello la División de Poderes. Incluso se puso de relieve durante la conferencia, como durante la redacción de la Carta Magna se pensaba que el Consejo y su actividad situaría al Ministerio de Justicia en una posición residual o de enlace y coordinación para con el Poder ejecutivo. La necesidad que se articule un procedimiento de elección donde sean los propios integrantes del Poder Judicial los que elijan a los miembros del Consejo, parece tras 25 años de experiencia con el sistema actual, una verdadera demanda no solo de la Judicatura sino que también de la Sociedad Civil.

Y en este punto enlazo el tercer aspecto. En la demanda que se hizo de participación activa de la Sociedad  en la defensa de una justicia de calidad no solo entendida como Poder del Estado sino como servicio público. Se lamentaba el ponente que resulta difícil encontrar a entidades sociales demandando mas inversión para nuevas sedes judiciales en su localidad por ejemplo, al igual que se manifiestan por la construcción de un nuevo colegio o centro de salud.

Y es en este extremo donde Joventut i Política, desde su modestia y humildad, puede participar y comienza hacerlo, a partir de una labor de sensibilización social en la exigencia necesaria que el Poder Judicial sea un poder que funcione de la mejor manera posible a favor de garantizar el Derecho Constitucional que todos tenemos a una tutela judicial efectiva.

* Pepe Morgan es abogado y miembro de la Asociación Joventut i Política
 

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