La supresión de las diputaciones

No hace muchos días tuve la fortuna de visitar un bello enclave en el Rincón de Ademuz llamado Vallanca. Allí me explicaron que eran el primer pueblo valenciano que disponía de un sistema de gestión integral de la red eléctrica y que esto mismo era posible gracias a la financiación de la Diputación.

Partiendo de la base, que estamos de acuerdo, no solo ahora en tiempos de vacas flacas, de la necesidad de racionalizar la administración. No deja de resultarnos curioso, que aquellos que hasta antes de ayer predicaban la necesidad de comarcalizar la Comunitat o crear Veguerías en Catalunya, pasen de la noche a la mañana a querer cargarse las Diputaciones Provinciales. La duplicidad de organismos con las mismas competencias se suele achacar a la excesiva descentralización, pero al margen de algunos excesos de administraciones autonómicas, existen hoy en día carteras ministeriales por ejemplo carentes de competencias reales siendo el caso paradigmático el Ministerio de Vivienda. La Provincia es una circunscripción y entidad básica del Estado, lo viene siendo desde hace más de tres siglos.

En el verano 79 cuando se eligieron las primeras corporaciones municipales democráticas salió investido como Presidente de la Diputación el Socialista Manuel Girona, este se jactaba de que iba a ser el último Presidente de la institución puesto que la llegada de la Autonomía comportaría la división comarcal del territorio. Sin duda la articulación territorial de la Comunitat Valenciana puede sugerir formulas válidas distintas, como por ejemplo la creación de una cuarta entidad entorno a las comarcas centrales, que se correspondería con la gobernación de Xàtiva en  época foral. Pero ahora que escasean los dineros ponerse de la noche a la mañana a especular en el cierre de las administraciones locales mayores como una ocurrencia de iluminado, las mismas que venían prestando sus servicios en el 1993 con crisis o en el 2004 en plena bonanza económica, resulta como mínimo confuso.

Evitar el solapamiento competencial, recortar en gastos superfluos o congelar los sueldos de los altos cargos son medidas acertadas y más allá de juicios personales necesarias. Pero parece que a la vista de la dura realidad, aquellos que se acaban de contagiar plenamente de la fiebre ahorradora se olvidan de lo fundamental, y esto no es otra cosa que generar empleo, que el país no tenga déficit es importante pero igual o mas es que sus habitantes tengan empleo, trabajo con el que desarrollarse como personas en la sociedad, trabajo con el que generar riqueza y  productividad y trabajo con el que contribuir al Estado y que este pueda llevar acabo políticas racionales a favor del bienestar y el progreso social. Este país necesita generar políticas que creen condiciones para la inversión con decidas reformas a corto plazo encaminadas a la bajada de la presión fiscal, los incentivos a la inversión y la verdadera flexibilidad del mercado laboral. Necesita a largo plazo una inversión en educación y formación que nos lleve a una verdadera reconversión tecnológica y de desarrollo.

La democracia española, la que nació hace algo más de 30 años, ha establecido un sistema de equilibrios basado en la cohabitación territorial. El hecho que aquí la jefatura del gobierno vaya de la mano de la mayoría en el congreso hace que frente a otros sistemas como el francés, el contrapeso territorial sea o pueda ser un elemento diferenciador y de pluralidad. Como ya esgrimimos en otro artículo hace algunos meses, sin descartar la agenda de grandes reformas, frente a estas y el refugio en la supuesta inoperatividad de la estructura territorial válida a lo largo de tantos años, es necesaria la gestión directa decidida y diaria de quienes ostentan la responsabilidad en el poder.

* Pepe Morgan es abogado y miembro de la Asociación Joventut i Política 
 

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