De Justicia

El producto turístico tiene un gran componente municipal por cuanto los servicios, la escena urbana, la seguridad ciudadana, la información, la comunicación de la imagen de la marca y otros aspectos de fuerte incidencia en la competitividad y comercialización del destino y del sector dependen en gran medida del grado de eficacia y compromiso asumido por los Ayuntamientos.

El turista actual es un consumidor maduro que se ha convertido en cliente experto y exigente, con nuevas motivaciones y abundante información que exige unos grados crecientes de conservación y preservación del entorno en el que se desarrolla la actividad turística.

La industria turística española, supone una actividad socioeconómica de gran magnitud para nuestro equilibrio, es el más fiel aliado del estado, por lo que supone, como empleador, como usuario y como consumidor, consecuentemente es un contribuidor para aumentar las cuentas de la hacienda pública, a través de los impuestos añadidos.

Los Ayuntamientos turísticos soportan una enorme cantidad de gastos al tener que ofrecer a los turistas una gran cantidad de servicios, mientras, el principal impuesto por los ingresos de la actividad turística, el IVA se va íntegramente a las cuentas del Estado. Estos Ayuntamientos, como Administración más cercana a los ciudadanos, tienen que ofrecer y pagar el coste de todos estos servicios añadidos, obligándolos a tener una presión fiscal de lo más injusta.

Son muchos los municipios turísticos españoles, que sufren desde hace años una injusticia de primera magnitud, por no estar reconocidos por la ley que los regula, como ejemplo no es necesario irnos muy lejos, BENIDORM, icono turístico por antonomasia, principal ciudad turística de Europa, 10.528.526 pernoctaciones anuales, pero para el Estado, este referente mundial en turismo, no es un Municipio Turístico.

En mi opinión, como portavoz de turismo del PP en el Senado, creo que es necesario asumir la reforma de las leyes cuando éstas ya no se adecuan a la realidad sobre la que actúan y en el caso de un sector tan vivo y tan cambiante como el del turismo esto es aún más cierto si cabe.

Por ello me siento orgulloso de poder contribuir a acabar, en nombre del Partido Popular y como benidormense, con un desajuste legal, que causa enormes perjuicios a la financiación de los municipios verdaderamente turísticos, que por la incoherencia de la norma, se han estado quedando fuera de esa calificación y, por tanto, de los ingresos estatales derivados de la misma.

Ese es mi empeño y en eso trabajo desde que hace poco más de un año tomé posesión de mi escaño, sin olvidar nunca que nuestro turismo es el principal motor económico de nuestra Comunitat Valenciana de España y por supuesto de Benidorm.

Agustín Almodóbar Barceló es senador del PP por Alicante y portavoz de Turismo del GPP.

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